El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso decisivo en su lucha por asegurar la frontera sur del país. Este domingo el Senado llegó a un acuerdo bipartidista que busca abordar la «crisis de seguridad» en la frontera, y frenar el alarmante aumento de hasta 10,000 migrantes al día, provenientes de diversas naciones.
Este acuerdo, que destaca por su ambiciosa serie de reformas, tiene como objetivo otorgar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza un «control operativo» de la frontera, al tiempo que acelera la resolución de las solicitudes de asilo, y brinda al presidente Biden y a futuros mandatarios la autoridad para cerrarla, en caso de que el cruce diario supere los 4,000 migrantes.
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¿Cómo se implementarán las nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos?
Una de las medidas más destacadas es la nueva autoridad temporal, que permitiría al gobierno federal expulsar a los migrantes cuando el promedio diario de encuentros supere ciertos umbrales.
Si se alcanza un promedio de 4,000 encuentros diarios, el Departamento de Seguridad Nacional tendría el poder de cerrar la frontera para aquellos migrantes sin citas para solicitar asilo. Por otra parte, si el promedio diario supera los 5,000 cruces, el cierre fronterizo se aplicaría de manera obligatoria para todos los migrantes sin citas. Esto también ocurriría si se superan los 8,500 cruces en un solo día. Dichas medidas se mantendrían hasta que se recupere la capacidad de procesamiento de migrantes, y se restablezca el control operativo.
Para poder llevar a cabo esta operación, el número diario de encuentros que desencadenaría la nueva autoridad de expulsión, se calcularía en base al promedio móvil de siete días.
Sin embargo, los migrantes que intenten cruzar la frontera dos o más veces mientras está cerrada serán prohibidos de ingresar a Estados Unidos durante un año. Esta autoridad de emergencia para la frontera mejorada no se aplicaría a niños no acompañados ni a migrantes que enfrenten emergencias médicas o una amenaza inminente para sus vidas.
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“Fin del atrapar y liberar”
El acuerdo también busca poner fin a la controvertida práctica conocida como «atrapar y liberar», restringiendo la entrada humanitaria de los migrantes en el país. Para esto se requeriría la detención o supervisión de todos los migrantes procesados en la frontera, y se limitaría la autoridad del presidente para otorgar entrada humanitaria. No obstante, el presidente retendría el poder de otorgar entrada humanitaria a categorías específicas de migrantes y tendría una mayor autoridad para hacerlo en los aeropuertos.
Además, la propuesta aborda la acumulación de casos en los tribunales de inmigración al trasladar la resolución de las solicitudes de asilo a oficiales de asilo especializados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Con el objetivo de que estas solicitudes se evalúen en un plazo de seis meses, para lo cual se garantizaría el derecho a un abogado para todos los solicitantes de asilo en el proceso de expulsión acelerada.
Con este acuerdo, el gobierno de Estados Unidos muestra su determinación en abordar la situación migratoria en la frontera sur y asegurar un control más efectivo en el ingreso de migrantes al país. La implementación de estas reformas busca enfrentar la crisis de seguridad y lograr un sistema migratorio más eficiente.
