La censura y el control mediático han sido constantes en la historia de Cuba, pero ahora el régimen ha dado un paso más al crear la figura de ‘inspectores de la comunicación social’. Según las noticias de Cuba, este nuevo grupo, subordinado al Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), tiene como objetivo fiscalizar lo que se difunde en espacios organizacionales, mediáticos y comunitarios, tanto físicos como digitales.
De acuerdo con la Ley de Comunicación Social, en vigor desde junio pasado, estos inspectores tendrán la responsabilidad de garantizar que los procesos comunicacionales cumplan con las regulaciones establecidas. Jorge Legañoa, vicepresidente del IICS, compartió en su perfil de X imágenes de la primera promoción de inspectores. Quienes firmaron un Código de Ética y recibieron sus credenciales, evidenciando el inicio formal de sus funciones.
El @IcsCuba concluyó la preparación de los primeros inspectores eventuales de la comunicación social en #Cuba. Otro paso hacia el cumplimiento de las funciones del organismo.
— Jorge Legañoa Alonso (@cronicasdecuba) November 23, 2024
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.#LeyComSocialCuba pic.twitter.com/JNjUlsKxiL
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Noticias de Cuba: Infracciones y temores
La nueva normativa también detalla infracciones relacionadas con la comunicación. Entre ellas, se incluye la negativa a proporcionar información a periodistas, el uso de medios no registrados para gestionar contenidos. Así como la promoción de cualquier contenido que pueda considerarse subversivo, que amenace el orden constitucional cubano o instigue al terrorismo. Esto refuerza el carácter restrictivo de la ley, que, según críticos, busca silenciar cualquier forma de disidencia.
José Raúl Gallego, experto en comunicación, señaló que esta ley está diseñada para perpetuar el control del régimen sobre todos los ámbitos comunicativos. Incluso, aquellos donde el gobierno ha perdido influencia. Además aclaró que, a pesar de que la legislación menciona la transparencia, en la práctica, se convierte en una herramienta de censura.
«De ahí que de estos inspectores no podamos esperar nada que favorezca los derechos comunicativos de los cubanos, sino que estarán en función de los elementos punitivos, de control y censura que establece dicha regulación respecto a los contenidos, las publicaciones en redes sociales y la propia existencia de los medios de comunicación que no se encuentran bajo el control estatal», declaró Galllego.
Los comentarios en la publicación de Legañoa son una reflejo del temor de los cubanos ante esta nueva medida, que podría intensificar aún más la represión. Y es que, actualmente, más de 60 personas han recibido multas por sus publicaciones en redes sociales, en virtud del Decreto-Ley 370/2018. Otros, como José Manuel Barreiro y Arony Yanko García han sido sancionados a prisión por esta misma causa. Frente a este panorama, la creación de los inspectores plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la libertad de expresión en la isla. Un derecho fundamental que ha sido sistemáticamente violado desde 1959.
