Desde este jueves son incontables los debates de analistas internacionales acerca de Venezuela. Ello, tras la suspensión de las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. Una decisión muy polémica que no para de comentarse en el escenario visual.
Este 15 de febrero el canciller de Venezuela, Yván Gil, realizó el anuncio, donde otorgaba un plazo de 72 horas para que el personal abandone el país. “Esa oficina se ha desviado de su mandato (…) y se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”. Así se expresó el funcionario al “explicar” la decisión.
Las denuncias de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela son constantes en los observadores, grupos e instituciones que trabajan el tema. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro en estos contextos es acusarlos de “complicidad” con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, hay realidades que son innegables a cualquier ojo.
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Los datos que silencia el gobierno de Venezuela
Ocho de cada diez venezolanos viven en la pobreza, es decir, el 80 por ciento de la población. Si esto no fuera suficientemente demoledor, hay más. Alrededor de un 53 por ciento sufre pobreza extrema. Estas fueron las cifras develadas por Michael Fakhri, relator especial de la ONU.
Si bien quedó claro que estas eran “observaciones preliminares” y aunque Fakhri señala que “las sanciones contra el país sudamericano han sido un factor para llegar a esa situación”, lo cierto es que poco más de 24 horas después el gobierno de Maduro hizo pública su decisión.
Al decir de CNN, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lamenta la decisión. “Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, dijo en un comunicado la portavoz Ravina Shamdasani.
