La Fiscalía cubana ha puesto en el punto de mira a la vasta mayoría de los acusados que comparecen ante los Tribunales, solicitando penas de cárcel o trabajos forzados para un asombroso 91% de los procesados. Esta tendencia, revelada durante la sesión del 15 de julio de 2024 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), refleja una política estatal de extrema dureza y así lo confirman las noticias de Cuba al respecto.
El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, respaldó esta decisión al insinuar que la cárcel es esencial como medida de control del delito y como advertencia a aquellos que buscan eludir el internamiento. En un entorno donde la vigilancia se intensifica, Ferro enfatizó que incluso los transgresores de buena conducta se enfrentarán a la prisión.
Por estos días, en todo el país,se comprueba a profundidad, en comunidades y centros de trabajo,el comportamiento de las personas que cumplen sanciones en libertad bajo vigilancia .¡¡¡ A los de mala conducta se les remite a prisión!!! https://t.co/w1FR0vroKb
— Rubén Remigio Ferro (@RubenRemigioCU) April 9, 2024
Cuba, ya entre los países con mayor densidad carcelaria del mundo. Según el informe de World Prison Brief de 2024, se ha visto un aumento drástico en la población penal de la Isla, con 794 reclusos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, cifras extraoficiales sugieren que la situación podría ser aún más grave, especialmente después de las protestas de julio de 2021, que resultaron en una oleada de arrestos políticos.
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Noticias de Cuba: Autoridades niegan aumento de inseguridad
A pesar de las afirmaciones oficiales que minimizan el aumento de los delitos violentos, datos recientes indican lo contrario. Según declaraciones del coronel Idael Fumero Valdés, jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del Minint, apenas el 9% de los delitos son viol***tos, mientras que la mayoría corresponde a delitos patrimoniales.
Sin embargo, Rubén Remigio Ferro, justifica la «política de severidad» —es decir, más cárcel— alegando que está «en juego la seguridad ciudadana». Esta aparente contradicción entre las cifras y el discurso oficial pone de manifiesto un panorama preocupante en el sistema de justicia y seguridad de Cuba, donde el encarcelamiento masivo parece ser la respuesta predominante a los problemas sociales.
Las autoridades cubanas se aferran a la idea de que la seguridad ciudadana justifica estas duras medidas, incluso mientras niegan un repunte en la inseguridad pública. Beatriz de la Peña Lao, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, incluso ha señalado a las redes sociales como las principales causantes del incremento en la percepción social de inseguridad, negando la existencia de un problema real.
