Un reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sugiere que la represión llevada a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela podría constituir crímenes contra la humanidad. En este sentido, el documento, que abarca el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, señala que las acciones del Gobierno reflejan patrones previamente identificados como “crímenes de lesa humanidad”.
Si bien el informe cubre un año completo, este se centra particularmente en los eventos posteriores al 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro sin proporcionar evidencia de los resultados. Claramente esto contraviene la normativa electoral del país, y en consecuencia, la principal coalición opositora de Maduro afirmó haber recopilado el 83.50% de las actas que proclaman a Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador.
Frente a este panorama, la Misión expresó su profunda preocupación por la desaparición casi total de las apariencias de legalidad tras la crisis electoral, advirtiendo sobre el alto riesgo de descomposición del estado de derecho en Venezuela. De hecho, el informe indica que la maquinaria represiva del Estado se ha reactivado, intensificando el hostigamiento y la violencia contra opositores percibidos. Represión que es instigada desde las altas esferas del poder, incluyendo al propio presidente Maduro.
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Líderes del país culpables de las numerosas muertes en Venezuela
Como resultado, este clima de represión ha llevado a graves violaciones de derechos humanos, tales como muertes durante protestas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, informó CNN. Según el fiscal general Tarek William Saab, al menos 27 personas han perdido la vida a raíz de las manifestaciones, y ha señalado a los líderes opositores como responsables de la violencia.
En este contexto, María Corina Machado, afirmó que Maduro debe rendir cuentas por los crímenes cometidos, que incluyen muertes y desapariciones. Cabe destacar que el régimen de Maduro ha descalificado informes anteriores de la Misión, acusándolos de ser infundados y de tener motivaciones políticas. Además, en agosto, un grupo de expertos que visitó Venezuela reportó numerosos homicidios y miles de detenciones, lo que el Gobierno descalificó rápidamente como propaganda.
Ante esta situación, la ONU y varias organizaciones internacionales han instado a la liberación de los detenidos y a poner fin a la represión. De hecho, un grupo de exjefes de Estado ha presentado un informe ante la Corte Penal Internacional, denunciando el establecimiento de una “dictadura militar represiva” en el país.
